Luego de que la Sala designada por el Presidente del TC declara la admisibilidad del requerimiento deducido, le corresponde al Tribunal Pleno, en definitiva, emitir pronunciamiento sobre el fondo de la impugnación.

La Segunda Sala adujo que, del tenor de la acción de inaplicabilidad deducida, aparece que aquella no cumple con lo dispuesto en el artículo 80 de la LOCTC, desde que el requerimiento deducido no contiene claros fundamentos de hecho ni de derecho.

Luego de que la Sala designada por el Presidente del TC declara la admisibilidad del requerimiento deducido, le corresponde al Tribunal Pleno, en definitiva, emitir pronunciamiento sobre el fondo de la impugnación.

La decisión fue acordada con el voto en contra del Ministro Letelier, quien estuvo por declarar inadmisible el requerimiento, teniendo para ello presente que se da cumplimiento a todas las exigencias del artículo 84 LOCTC.

La sentencia del TC señala que, las cotizaciones inciden en el derecho de seguridad social, son de propiedad del trabajador, tienen naturaleza alimentaria y, se vincula con la protección de la dignidad de la persona.

La Magistratura Constitucional señaló que, no existe en este caso vulneración de los parámetros para fijar el tributo, pues la norma contiene sus elementos esenciales, incluida la tasa del impuesto, la que se establece en un rango entre un mínimo y un máximo y entrega una limitada competencia expresa a la Municipalidad.

La Magistratura constitucional colombiana adujo que se causó un daño al trabajador mediante la agresión verbal, el maltrato y el trato desconsiderado y ofensivo ejercido, al punto de ser despedido sin justa causa por su empleador.

La decisión fue acordada con el voto en contra de la Ministra Silva y los Ministros García y Pica, quienes estuvieron por rechazar el requerimiento.

La gestión pendiente incide en autos sobre cobranza laboral, seguido ante el Juzgado del Letras y Garantía de Bulnes.

La defensa alegó que el mantenimiento de la custodia viola el principio de duración razonable del proceso y que no existe ningún elemento objetivo y concreto que demuestre el riesgo del imputado para el orden público o la garantía de aplicación del derecho penal.