A la mora de la obligación se le adicionan reajustes e intereses. Al ser una obligación accesoria, opera automáticamente sin ningún tipo de procedimiento adicional, y los intereses se deben por todo el tiempo de la mora desde que se determine el mes calendario de su vencimiento.

El requirente alega que se le impide reclamar de una sentencia que lo perjudica, afectándose su garantía a un debido proceso.

Los requirentes estiman que la aplicación de la norma objetada produce una discriminación arbitraria en su contra.

La requirente alega que el hecho de que se le impida apelar a la resolución lo deja en indefensión, afectando su garantía al debido proceso.

El requirente estima que la aplicación de esta norma atenta contra su derecho de propiedad.

El requirente alega que la aplicación de una norma procesal común en un procedimiento especialísimo y reservado vulnera el respeto y protección de la vida privada, de los datos personales, el derecho a defensa y al debido proceso, entre otras garantías constitucionales.

El requirente estima que se le aplica arbitrariamente un procedimiento sumarísimo que vulnera sus garantáis constitucionales.

El requirente alega que la restricción indemnizatoria no resulta racional y vulnera sus garantías constitucionales.

La dicotomía información pública/reservada es una cuestión de legalidad porque da por descontada la aplicación del artículo 8° de la Constitución. Es resorte del juez de fondo determinar si ello acontece, aplicando la regla general de publicidad o la excepción de las reservas y determinar si en los hechos la revelación de la información solicitada afecta los derechos de terceros.

De acogerse la inaplicabilidad se utilizaría al Tribunal Constitucional para crear recursos que no están reconocidos ni en la legislación sectorial y tampoco necesariamente lo están en la procesal civil, eludiendo lo mandatado por el legislador, a quien le corresponde normar en esta materia.