La Universidad requirente estima que la disposición impugnada atenta contra el principio de legalidad y de proporcionalidad de las multas.
La Magistratura Constitucional concluye que no revisten naturaleza de LOC, las disposiciones contenidas en los incisos primero, segundo y tercero de artículo 50 de la iniciativa bajo estudio.
La gestión pendiente incide en autos seguidos ante el Juzgado de Policía Local de Colina, en actual conocimiento de la Corte de Santiago.
La Magistratura constitucional colombiana adujo que estas medias implican una desmejora de derechos sociales y disponen de recursos destinados a financiación de las pensiones para fines distintos a ellas.
La gestión pendiente incide en proceso penal, seguido ante el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Angol, en actual conocimiento de la Corte de Temuco, por recurso de nulidad.
El TC señala que, varios de los reproches que formula el requerimiento a las normas impugnadas dicen relación con su disconformidad con el modo en que el tribunal de la gestión pendiente ha interpretado la ley.
La sentencia señala que la requirente pretende acceder o igualarse al grupo minoritario de empresas que está eximida por ley de negociar colectivamente con sus trabajadores y que constituye la regla general.
La Magistratura señala que la negociación colectiva es un derecho, no una carga, de jerarquía constitucional y que no es de titularidad de los empleadores, sino de los trabajadores.
En su resolución, la Magistratura constitucional sostuvo que concurre la causal de inadmisibilidad prevista en el numeral 3 del artículo 84 de la LOCTC, esto es, la inexistencia de una gestión judicial pendiente.
El máximo Tribunal de Brasil explicó que los órganos que integran el Sistema de Inteligencia Brasileño (Sisbin) solo pueden proporcionar datos y conocimiento específico a la Agencia Brasileña de Inteligencia (Abin) cuando se compruebe el interés público en la medida, descartando cualquier posibilidad de que estos datos sirvan a intereses personales o privados.
