Tribunal Constitucional

Discriminación contra la mujer.

Funcionarias judiciales titulares de licencia médica para el cuidado del hijo o hija menor de un año por enfermedad grave tiene derecho al “bono de modernización”, aun cuando no hayan prestado servicios efectivos durante a lo menos seis meses.

La Magistratura Constitucional declaró inaplicable por inconstitucional la norma que exige que durante el año anterior al pago del bono hayan prestado servicios efectivos en el Poder Judicial, en la Academia Judicial o en la Corporación Administrativa del Poder Judicial durante a lo menos seis meses.

5 de junio de 2024
Requerimiento de inaplicabilidad.

Norma que le permite al Ministerio Público comunicar la decisión de no perseverar en el procedimiento, se impugna por la Parroquia La Asunción ante el Tribunal Constitucional.

El requirente alega que la norma legal objetada infringe el derecho a ejercer la acción penal, la igual protección de la ley en el ejercicio de sus derechos y el debido proceso, desde que a pesar de que existen diligencias pendientes, no podrá ejercer su derecho a la acción penal en contra de los encapuchados que atentaron contra la Iglesia durante el estallido social.

5 de junio de 2024
Requerimiento de inaplicabilidad.

Norma que restringe las tercerías en los juicios ejecutivos a la dominio, de posesión, de prelación y de pago, se impugna ante el Tribunal Constitucional.

El requirente solicitó intervenir como tercero coadyudante para hacer valer un vicio de nulidad procesal que le afectaría directamente, pero no se le permitió su comparecencia al juicio ejecutivo, lo que considera infringe su derecho a la acción, el derecho a la defensa, el derecho a ser juzgado por el juez natural y el debido proceso. Alega que se priva del derecho de aportar antecedentes conculcándose su derecho de ser escuchado y evitar un fraude procesal.

4 de junio de 2024
Requerimiento de inaplicabilidad.

Normas que regulan la notificación y el requerimiento de pago del monto del subsidio habitacional por no habitar el beneficiario la vivienda, se impugnan ante el Tribunal Constitucional.

El Juez requirente plantea que las normas legales objetadas podrían infringir el debido proceso respecto del deudor habitacional, desde que el Fisco puede emplazarlo en un domicilio en el que no habita, requiriéndolo de pago y embargando el inmueble que el SERVIU solicita que se le adjudique en la causa.

4 de junio de 2024
Requerimientos de inaplicabilidad rechazados con votos en contra.

Normas que impiden la acusación del querellante en caso que el Ministerio Público no haya formalizado la investigación, se ajustan a la Constitución.

La Magistratura razona que la decisión de no perseverar es una decisión no solo legal sino constitucional, al reservarse en forma exclusiva al Ministerio Público la investigación, a cuyo ámbito pertenece la formalización, y a cuyo desenlace se asocia la decisión de no perseverar. La formalización es un trámite entregado solo a la Fiscalía y es el único resguardo de un principio de seriedad de la imputación, para que la acusación no se privatice en materias de acción penal pública.

3 de junio de 2024
Requerimiento de inaplicabilidad rechazado con votos en contra.

Norma que prohíbe contratar con el Estado por dos años a empleadores condenados por prácticas antisindicales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador, no produce efectos inconstitucionales.

La inhabilidad de que se trata es el efecto o consecuencia de una sentencia judicial ejecutoriada, en que quien resulta imputado de haber lesionado derechos fundamentales de sus trabajadores pudo defenderse formulando sus descargos, por lo que la inhabilidad constituye sólo una medida accesoria que resulta de la sentencia condenatoria.

3 de junio de 2024
En el caso concreto.

Norma que otorga mérito ejecutivo al certificado que emite el secretario municipal por deudas de patentes, derechos y tasas municipales, produce efectos inconstitucionales.

La norma traslada al demandado la carga de desvirtuar la prueba privilegiada que resulta del título ejecutivo y favorece al Municipio al alterar su natural carga de probar la existencia de las obligaciones que reclama. La facultad legal del ejecutado de oponer excepciones en el proceso ejecutivo no purga los efectos contrarios a la Constitución que produce el precepto legal reprochado de cara a las exigencias de un procedimiento racional y justo.

3 de junio de 2024
Primera Sala.

Requerimiento de inaplicabilidad que impugnó norma que restringe el derecho a recurrir de queja, se declaró derechamente inadmisible por el Tribunal Constitucional.

La Sala arribó a la conclusión de que concurre la causal de inadmisibilidad del requerimiento de que el precepto impugnado no es de aplicación decisiva en la resolución del asunto concernido en la gestión judicial invocada. El requirente alegó que infringe la igualdad ante la ley, el derecho al recurso e impide impugnar la resolución que falla un incidente de corrección procesal.

29 de mayo de 2024
Se declaró derechamente inadmisible.

Requerimiento de inaplicabilidad que impugnó norma que permite el embargo judicial de subvenciones escolares, no se admitió a trámite por el Tribunal Constitucional.

La Segunda Sala concluyó que el requerimiento carece de fundamento plausible o razonable al estructurarse a partir de alegaciones conocidas y desestimadas previamente sin que se agreguen nuevos argumentos que justifiquen un análisis distinto al ya realizado o que del caso concreto surjan antecedentes diversos.

28 de mayo de 2024
TC lo admitió a trámite, con suspensión.

Requerimiento de inaplicabilidad que impugna normas que establecen el régimen de intereses penales, su capitalización y recargos adicionales respecto de deudas previsionales, y exigen consignar el total adeudado para apelar, se admite a trámite.

Las normas legales impugnadas al establecer medidas restrictivas o ablativas de derechos fundamentales no cumplen los requisitos para ajustarse a la Constitución: a) perseguir un fin lícito; b) ser idóneas para alcanzarlo; c) ser necesarias por no existir un medio menos lesivo; d) ser proporcionadas, en el sentido que el beneficio que reportan sea mayor al daño infligido; y e) respetar las garantías de un debido proceso, en especial el derecho a revisión judicial.

24 de mayo de 2024
Páginade 754