Con sentencia del Tribunal Constitucional se reactiva un proceso judicial que busca evitar el cumplimiento de una decisión de Consejo para la Transparencia (CPLT), en la que se estableció la calidad de pública de aspectos asociados a concesiones del servicio público de telefonía inalámbrica.

La medida de apremio no constituye prisión por deudas, por lo que no se advierte una vulneración de garantías fundamentales.

El requirente estima que se le impide incluir prueba crucial para la resolución del asunto, vulnerando sus garantías constitucionales.

Se alega que las servidumbres legales mineras de ocupación de predios superficiales para conducir por ductos o cañerías aguas de mar desaladas desde planta desalinizadora hasta el establecimiento de beneficio deben constituirse bajo la normativa del Código Civil y no del Código de Minería.

El requirente alega que el precepto impugnado contradice la Constitución, en la forma en que ésta regula el desafuero de autoridades públicas.

El requirente estima que la norma en cuestión posibilitó un acto administrativo arbitrario y atentatorio de garantías fundamentales.

El requirente alega que se le ha despojado de su propiedad mediante un procedimiento fraudulento, vulnerando sus garantías constitucionales.

El requirente estima que el plazo contemplado constituye un obstáculo irracional para su derecho a una tutela judicial efectiva.

El requirente alega que se le impide controvertir una prenda que le es inoponible por sentencia ejecutoriada, vulnerando sus garantías constitucionales.

El requirente alega que la aplicación de los preceptos impugnados en el caso concreto vulneran su garantía al debido proceso.