Las demandas se presentaron luego de que el presidente de la República, Jair Bolsonaro, anunciara que la vacunación contra el Covid-19 no será obligatoria en Brasil y que el país no adquirirá CoronaVac.

En el caso que se declare admisible, le corresponderá luego al Tribunal Pleno emitir pronunciamiento sobre el fondo de la impugnación.

La gestión pendiente incide en proceso penal, seguido ante el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago.

La decisión fue acordada con el voto en contra de las Ministras Brahm y Silva, y de los Ministros Letelier y Fernández, quienes estuvieron por rechazar el requerimiento.

La gestión pendiente incide en autos sobre juicio ordinario declarativo de derechos, seguido ante el Octavo Juzgado de Letras en lo Civil de Santiago.

La sentencia señala que, no se puede pretender atribuir un efecto inconstitucional a la aplicación del precepto legal por el simple hecho de haberse infringido -en opinión del requirente- el orden procesal correspondiente.

En cuanto a la cuestión constitucional, indica que consiste en dirimir si, mediante la aplicación del artículo 127 del Código de 1932, la decisión del Juez del Fondo que declare caducados los derechos mineros de la requirente, resulta contraria a la isonomía en la ley.

El máximo Tribunal de Brasil adujo que, a nivel internacional, las Reglas de Bangkok de 2010 aseguran que la adopción de medidas no privativas de la libertad debe ser preferida en el caso de mujeres embarazadas y con hijos a cargo.

La decisión fue acordada con el voto en contra de las Ministras Brahm y Silva, y de los Ministros Letelier y Fernández, quienes estuvieron por rechazar el requerimiento.

La gestión pendiente incide en autos sobre terminación de contrato por no pago de rentas, restitución del bien arrendado, cobro de rentas e indemnización de perjuicios, seguido ante el Decimoquinto Juzgado de Letras en lo Civil de Santiago.