Luego de que la Sala designada por el Presidente del TC declara la admisibilidad del requerimiento deducido, le corresponde al Tribunal Pleno, en definitiva, emitir pronunciamiento sobre el fondo de la impugnación.
La tutela fue presentada por el comandante de la Brigada al considerar que se afectó el buen nombre y honra de la unidad militar con la publicación de ocho comunicados en la página web de dicha comunidad, en los que se afirmaba que los uniformados desarrollaban sus labores en complicidad con organizaciones paramilitares.
La gestión pendiente incide en autos sobre el recurso de casación en el fondo, seguido ante la Corte Suprema.
La gestión pendiente incide en autos sobre cobranza laboral, seguidos ante el Juzgado de Letras de Ancud, en actual conocimiento de la Corte de Apelaciones de Puerto Montt, por recurso de apelación.
La Magistratura colombiana adujo que, es cierto que los establecimientos carcelarios tienen la facultad legítima y la obligación de practicar requisas con el fin de salvaguardar la seguridad y el orden interno. Sin embargo, esta obligación no conlleva la posibilidad de someter a las personas privadas de la libertad y a los visitantes a tratos crueles, inhumanos o degradantes.
La gestión pendiente incide en autos sobre el recurso de casación en el fondo, seguido ante la Corte Suprema.
La Magistratura Constitucional señala que el artículo 495, del Código del Trabajo, se constituye como complemento indispensable para la aplicación de la inhabilidad de contratar, pues se relaciona con la materialización de la misma, por parte de la Administración del Estado.
Los Ministros Pozo y Pica previenen que estuvieron por acoger el requerimiento teniendo en consideración sólo factores facticos en base a que la actora constitucional realiza múltiples actividades relevantes habiéndose convertido, en la práctica, en socio estratégico para el Estado.
En el caso que se declare admisible, le corresponderá luego al Tribunal Pleno emitir pronunciamiento sobre el fondo de la impugnación.
La Magistratura constitucional de Brasil adujo que, en un estado de derecho, pocas cosas son tan graves como la falta de respeto a una decisión judicial, especialmente una decisión del Plenario del STF.
