La Municipalidad requirente estimó que los preceptos cuestionados contravienen los principios de supremacía constitucional, juridicidad y de legalidad dispuestos en la Carta Fundamental.
La Magistratura constitucional colombina adujo esto, particularmente, respecto al término para presentar las querellas, por desconocer los derechos de las víctimas, incluido el derecho fundamental del acceso a la administración de justicia.
La decisión fue acordada con el voto en contra de los Ministros García y Pozo, quienes estuvieron por declarar inadmisible el requerimiento, en cuanto concurre la causal prevista en el artículo 84 N° 5, de la LOCTC.
La decisión fue tomada con el voto en contra de la Ministra Silva, quien estuvo por declarar inadmisible el requerimiento, al confluir las causales previstas en los numerales 5° y 6° del artículo 84 de la LOCTC.
La Magistratura Constitucional señala que la exigencia constitucional del derecho al recurso como componente del debido proceso, depende de múltiples circunstancias sistemáticas y de contexto procesal.
El precepto impugnado establece que la madre de los hijos naturales y reconocidos por el imponente, soltera o viuda, tendrá una pensión de montepío equivalente el 60% de la que hubiera correspondido de tener la calidad de cónyuge sobreviviente.
La decisión fue acordada con el voto en contra de la Ministra Silva, quien estuvo por declarar inadmisible el requerimiento, al confluir la causal prevista en el artículo 84 N° 6 de la LOCTC.
La empresa requirente estima que los preceptos impugnados infringirían el debido proceso, toda vez que se le dio mayor preponderancia a informe técnico nacido desde la emergencia en que se encontraba la compañía, más que a los antecedentes aportados por la compañía.
En el caso que se declare admisible, le corresponderá luego al Tribunal Pleno emitir pronunciamiento sobre el fondo de la impugnación.
La requirente estima que el precepto impugnado infringiría la igualdad ante la ley y el debido proceso.
