La Magistratura constitucional colombiana adujo que la facultad legal del juez penal para establecer, mediante auto motivado, restricciones al principio de publicidad en la etapa del juicio oral por motivos del interés de la justicia no desconoce la libertad de información ni el derecho de participación.

La gestión pendiente incide en autos sobre recurso de apelación, seguido ante la Corte de Concepción.

La decisión fue acordada con el voto en contra del Ministro Pozo y de la Ministra Silva, quienes estuvieron por declarar inadmisible el requerimiento, por concurrir la causal prevista en el artículo 84 N° 5 de la LOCTC.

La requirente estima que el precepto cuestionado de constitucionalidad infringiría el debido proceso y, en específico, el principio de tipicidad.

Luego de que la Sala designada por el Presidente del TC declara la admisibilidad del requerimiento deducido, le corresponde al Tribunal Pleno, en definitiva, emitir pronunciamiento sobre el fondo de la impugnación.

En el voto por rechazar, se señala que el artículo 506 reprochado se ha de entender a la luz del artículo 505 bis del Código del Trabajo.

La gestión pendiente incide en recurso de protección, seguido ante la Corte de Temuco.

Luego de que la Sala designada por el Presidente del TC declara la admisibilidad del requerimiento deducido, le corresponde al Tribunal Pleno, en definitiva, emitir pronunciamiento sobre el fondo de la impugnación.

Luego de que la Sala designada por el Presidente del TC declara la admisibilidad del requerimiento deducido, le corresponde al Tribunal Pleno, en definitiva, emitir pronunciamiento sobre el fondo de la impugnación.

Luego de que la Sala designada por el Presidente del TC declara la admisibilidad del requerimiento deducido, le corresponde al Tribunal Pleno, en definitiva, emitir pronunciamiento sobre el fondo de la impugnación.