La gestión pendiente incide en denuncia por práctica antisindical, seguido ante el Juzgado de Letras de Diego de Almagro.
Se pospuso la adopción del acuerdo, ello en atención a lo dispuesto en el artículo 20 de la LOCTC, en relación con el artículo 82 del Código Orgánico de Tribunales.
La Primera Sala del TC estima que no aparece fundada plausiblemente la alegación de falta de derecho al recurso.
En el caso que se declare admisible, le corresponderá luego al Tribunal Pleno emitir pronunciamiento sobre el fondo de la impugnación.
La decisión fue acordada con el voto en contra de la Ministra Silva y los Ministros García y Pica, quienes estuvieron por rechazar el requerimiento, por cuanto el conflicto constitucional no guarda relación, con la mayor o menor facultad que el sistema procesal penal le otorga a la víctima del delito.
En el caso que se declare admisible, le corresponderá luego al Tribunal Pleno emitir pronunciamiento sobre el fondo de la impugnación.
En el caso que se declare admisible, le corresponderá luego al Tribunal Pleno emitir pronunciamiento sobre el fondo de la impugnación.
El decreto busca paliar la grave afectación que las disposiciones adoptadas para enfrentar el riesgo epidemiológico asociado al coronavirus COVID-19 han causado en la economía de muchas familias y personas de todos los estratos socioeconómicos.
La Corte requirente estima que la aplicación de la norma impugnada, constituye una afectación de la igualdad ante la ley, y pugna con el derecho a la identidad.
En su resolución, la Magistratura constitucional sostuvo que concurre la causal de inadmisibilidad prevista en el numeral 3 del artículo 84 de la LOCTC, esto es, no existe una gestión judicial pendiente.
