Norma que faculta al querellante para solicitar en la misma querella determinadas diligencias destinadas a precisar los hechos que configuran el delito de acción privada, se impugna ante el Tribunal Constitucional.
El querellado alega que la norma legal objetada infringe la igualdad ante la ley, la no discriminación arbitraria, la igual protección de la ley en el ejercicio de sus derechos, el debido proceso, entre otras garantías, ya que esa disposición no prevé que pueda requerir diligencias exculpatorias, al punto que se le negó un peritaje caligráfico y contable, por lo que no podrá defenderse.