La Corte Suprema rechazó el recurso de queja interpuesto por AFP Provida que se oponía a la entrega de información específica sobre comisiones pagadas a terceros como administradoras de fondos mutuos o de inversión que estima de contenido técnico, comercial y financiero.

Los requirentes impugnaban dichas normas al estimar que afectaban el núcleo esencial de su derecho de dominio.

El requirente alega que la norma impugnada atenta contra el debido proceso.

El requirente alega que los preceptos legales afectan la igualdad ante la ley, la seguridad jurídica y el debido proceso.

La requirente estima que la norma impugnada vulnera su garantía al igual acceso a la justicia y su derecho a la seguridad jurídica.

El requirente alega que la aplicación de los preceptos impugnados vulnera su garantía constitucional a un debido proceso.

La requirente estima que la inhabilidad aplicada es desproporcionada y limita el desarrollo de sus actividades para la comunidad.

El requirente alega que el precepto impugnado vulnera, entre otros, su garantía constitucional a un debido proceso.

La requirente alega la tasación basada en el avalúo fiscal es desproporcionada y genera un importante menoscabo a su patrimonio.

El requirente alegó que el precepto impugnado no contiene parámetros objetivos que impidan la arbitrariedad del juzgador, contraviniendo abiertamente el texto constitucional.