Se descarta la falta de razonabilidad y de proporcionalidad, pues la actividad pesquera puede y debe regularse de forma tal que permita la convivencia de diversos derechos constitucionales, fundándose en el derecho a desarrollar una actividad económica lícita, en el derecho de propiedad privada y en la libertad para adquirir toda clase de bienes.

El requirente estima que la aplicación de las normas impugnadas atenta contra la presunción de inocencia y el debido proceso.

El requirente, Marco Enríquez-Ominami, estima que los preceptos legales cuestionados atentan gravemente a sus garantías fundamentales, como son su derecho a la integridad física y psíquica, la libertad personal y de movimiento, y a la libertad de trabajo y económica.

El municipio de Calama estima que las normas impugnadas infringen los principios de supremacía constitucional, juridicidad, el debido proceso, entre otras garantías constitucionales.

La Universidad de Chile alega que la aplicación de los preceptos impugnados vulnera el principio de servicialidad del Estado, además de las garantías de igualdad ante la ley, debido proceso y propiedad.

La requirente estima que el impedimento impuesto por la norma impugnada es atentatorio contra su garantía a un debido proceso e igualdad ante la ley.

La requirente estima que la facultad del acreedor de poder adjudicarse el bien embargado con una importante rebaja del valor de éste, afecta de manera desproporcionada y arbitraria su patrimonio.

La requirente alega que la aplicación de los preceptos impugnados vulnera su garantía de igualdad ante la ley, debido proceso y seguridad jurídica.

Los diputados requirentes alegan que la norma se aparta de las ideas matrices de la iniciativa que se aprobó para la persecución del narcotráfico y el crimen organizado, más no para autorizar el cultivo de especies vegetales del género cannabis.

La norma establece un requisito que implica efectuar una distinción del todo razonable a la hora de contratar con el Estado o acceder a la bonificación: aquellos que no han sido condenados por prácticas antisindicales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador en los últimos 6 meses y aquellos que sí.