La gestión pendiente incide en autos sobre denuncia de tutela laboral por vulneración de derechos fundamentales, seguido ante el Segundo Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago.

La gestión pendiente incide en autos civiles, seguidos ante el Vigésimo Juzgado Civil de Santiago, en actual conocimiento de la Corte de la misma ciudad, por apelación de incidente.

Según el abogado que interpuso la denuncia, el presidente exhibiría «síntomas de desequilibrio psiquiátrico», y su comportamiento sugeriría, «de manera robusta», la comisión del delito de propagación de enfermedades contagiosas.

En su resolución, la Magistratura Constitucional sostuvo que el requerimiento no cumple con lo dispuesto en el numeral 3 del artículo 84 de la LOCTC, toda vez que en el requerimiento impetrado no existe una gestión judicial pendiente en tramitación.

El máximo Tribunal brasileño adujo que la legislación que regula el procedimiento para la destitución de alcaldes no prevé la celebración de sesiones sin la presencia de público.

Al respecto, la Magistratura constitucional colombiana adujo que la Sala de Casación Laboral no analizó el fondo de todos los cargos contenidos en la demanda.

La Magistratura constitucional sostuvo que no puede entonces emitir pronunciamiento al respecto, pues de lo contrario, podría substituirse al Tribunal del fondo y con ello irrespetar los límites funcionales a los que se encuentra sujeta.

En el caso que se declare admisible, le corresponderá luego al Tribunal Pleno emitir pronunciamiento sobre el fondo de la impugnación.

La gestión pendiente incide en autos penales, seguidos ante el Juzgado de Garantía de San Bernardo.

La Magistratura constitucional ordenó retrotraer las actuaciones al momento anterior al de la sentencia anulada, para que el órgano judicial pronuncie nueva resolución que sea respetuosa con el derecho fundamental reconocido.