La Magistratura constitucional adujo que no basta, conforme al estándar constitucionalmente requerido en esta materia, acreditar que la cédula se entregó o se dejó en el inmueble gravado con el impuesto territorial.

En su resolución, la Magistratura Constitucional sostuvo que el requerimiento no cumple con lo dispuesto en el numeral 6 del artículo 84 de la LOCTC, esto es, no da cumplimiento a la exigencia constitucional y legal de encontrarse razonablemente fundada.

Al respecto, la Magistratura constitucional colombiana adujo que la norma demandada no sustituye la Constitución Política, en la medida en que la propia reforma establece los límites, cautelas y prohibiciones bajo los cuales dicho control debe ejercerse.

Luego de que la Sala designada por la Presidenta del TC declarara la admisibilidad del requerimiento deducido, le corresponderá al Tribunal Pleno emitir pronunciamiento sobre el fondo de la impugnación.

Al respecto, la Magistratura constitucional colombiana adujo que se constató probatoriamente que, efectivamente en las decisiones de la Corte Suprema, se omitió el hecho de que la compañera permanente, convivió entre 1 de abril de 1992 y el 1 de enero de 1995.

La gestión pendiente incide en autos sobre reclamo de multa, seguido ante el Juzgado de Letras del Trabajo de Valparaíso, en actual conocimiento de la Corte de la misma ciudad, por recurso de nulidad.

Luego de que la Sala designada por el Presidente del TC declarara la admisibilidad del requerimiento deducido, le corresponderá al Tribunal Pleno emitir pronunciamiento sobre el fondo de la impugnación.

La gestión pendiente incide en autos sobre denuncia de tutela laboral por vulneración de derechos fundamentales, seguido ante el Segundo Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago.

La gestión pendiente incide en autos civiles, seguidos ante el Vigésimo Juzgado Civil de Santiago, en actual conocimiento de la Corte de la misma ciudad, por apelación de incidente.

Según el abogado que interpuso la denuncia, el presidente exhibiría «síntomas de desequilibrio psiquiátrico», y su comportamiento sugeriría, «de manera robusta», la comisión del delito de propagación de enfermedades contagiosas.