La Magistratura constitucional sostuvo que es razonable que una persona cumpla un año de pena efectiva en relación con un tipo penal que puede quintuplicar esa penalidad, con el fin de proteger la vida de terceros.
El máximo Tribunal brasileño adujo que no se trata de una cuestión ideológica, sino que de una técnica, por lo que tiene el deber constitucional de tutelar los Derechos Fundamentales de la vida, salud y el derecho a la información de todos los ciudadanos.
La gestión pendiente incide en autos sobre cobranza laboral, seguidos ante el Primer Juzgado de Letras de Rengo, en actual conocimiento de la Corte de Rancagua, por recurso de apelación.
La gestión pendiente incide en autos laborales, seguidos ante el Primer Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago.
La Magistratura constitucional solicitó, entre otras, información al Ministerio de Hacienda para determinar si se han realizado adiciones presupuestales al sector penitenciario para atender la emergencia sanitaria en los establecimientos de reclusión del país.
En específico, le correspondió a la Corte determinar si el establecer una contribución que grava las condenas establecidas en laudos arbitrales de contenido económico, viola el mandato de trato igual y de equidad tributaria.
La Magistratura constitucional sostuvo que la aplicación del precepto legal, no supera un examen de proporcionalidad estricta.
La Magistratura constitucional española indicó que la denegación del permiso de salida del centro penitenciario no vulnera su derecho a la presunción de inocencia ni a la libertad de expresión política.
La Magistratura constitucional colombiana adujo que se vulneraron los derechos a la participación en las decisiones internas con impacto en el medio ambiente en su faceta subjetiva.
La gestión pendiente incide en autos sobre demanda colectiva civil, seguidos ante el Decimosexto Juzgado de Letras en lo Civil de Santiago.
