La decisión fue acordada con el voto en contra de la Ministra Silva, quien estuvo por declarar inadmisible le requerimiento, al confluir la causal prevista en el numeral 5° del artículo 84 de la LOCTC.

El fallo señala que es necesario determinar si el legislador goza de cierta autonomía para determinar el tipo y la cantidad de excepciones.

Se adoptó acuerdo en la causa, quedando en estado de sentencia, designando como redactor al Ministro Aróstica.

El requerido señala que, de la lectura del artículo cuestionado, es posible concluir que los artículos precedentes son el 21 y 22 de la ley, pero dada la discusión que se ha sostenido en torno al alcance de la apelación, es necesario tener en consideración lo que señala el artículo 20.

El Tribunal pleno adujo que ni los actos parlamentarios directamente impugnados ni la norma legal de la que traen causa han violado la presunción de inocencia del recurrente.

La Magistratura constitucional brasileña adujo que los documentos en el registro muestran la dramática situación experimentada por los pueblos indígenas debido a la presencia constante de no indígenas en sus tierras, como la rápida degradación ambiental del lugar.

En el caso que se declare admisible, le corresponderá luego al Tribunal Pleno emitir pronunciamiento sobre el fondo de la impugnación.

La gestión pendiente incide en autos sobre recurso de revisión, seguido ante la Corte Suprema.

La Magistratura constitucional brasileña expuso que se produjo una violación del debido proceso, porque el acusado no fue notificado personalmente del fallo que revocó la sentencia absolutoria, lo que le impidió presentar un recurso.

En su resolución, la Magistratura constitucional sostuvo que concurre la causal de inadmisibilidad prevista en el numeral 3 del artículo 84 de la LOCTC, esto es, la inexistencia de una gestión judicial pendiente.