La decisión fue acordada con el voto en contra de los Ministros García y Pozo, quienes estuvieron por declarar inadmisible el requerimiento, ya que no aparece los preceptos impugnados no han de tener aplicación en la gestión pendiente o no resultan decisivos.

Previo a la adopción del acuerdo, se dispuso como medida para mejor resolver oficiar a la Cámara de Diputados para que informe la eventualidad de que la requirente hubiese sido sancionada por la Comisión de Ética.

En el caso que se declare admisible, le corresponderá luego al Tribunal Pleno emitir pronunciamiento sobre el fondo de la impugnación.

La Magistratura constitucional colombina adujo que no se puede generar un escenario de desprotección y vulneración de derechos fundamentales para las personas inmersas en un trámite de extradición, toda vez que en materia penal, dicha restricción conlleva un alto costo de la eficacia de sus mecanismos de defensa.

Los estándares respecto a la cantidad de munición permitida para armas de fuego registradas en Brasil pasaron de 200 a 600 por año, a una munición de 550 a 650 mensuales.

La Magistratura Constitucional señaló que la ausencia de un recurso anulatorio efectivo, en casos complejos o relevantes, arriesga dejar indemnes infracciones que son graves a la luz de la Constitución.

La gestión pendiente incide en proceso penal, seguido ante el Juzgado de Garantía de Graneros, en actual conocimiento de la Corte de Rancagua, por recurso de apelación.

En el caso que se declare admisible, le corresponderá luego al Tribunal Pleno emitir pronunciamiento sobre el fondo de la impugnación.

La gestión pendiente incide en autos civiles, seguidos ante el Primer Juzgado de Letras en lo Civil de Valparaíso.

Se adoptó acuerdo en la causa, quedando en estado de sentencia, designándose como redactora a la Presidenta, Ministra María Luisa Brahm.