Incumple el mandato de taxatividad que dispone la Constitución.
El requirente estima que no existe justificación racional para negarle la posibilidad de apelar, lo que vulnera su garantía al debido proceso.
El requirente estima que se conforma una comisión especial para su juzgamiento, afectando sus garantías procesales.
La requirente estima que el precepto legal impugnado vulnera los derechos constitucionales de igualdad ante la ley, asociación, libre contratación y sindicación.
El requirente alega que la restricción no encuentra fundamento razonable e infringe sus derechos a la igualdad ante la ley, debido proceso y propiedad.
El requirente alega que los preceptos cuestionados han permitido una decisión arbitraria que vulnera sus garantías constitucionales.
Los requirentes estiman que la potestad sancionatoria de la autoridad, en el caso concreto, es excesiva y contraria a los principios de legalidad y proporcionalidad.
El requirente estima que dicha limitación afecta su derecho a defensa de forma arbitraria, perjudicando directamente su patrimonio.
El requirente arguye que esta prohibición no encuentra sustento en un sistema procesal penal que entrega la potestad de dirigir la investigación, de manera exclusiva y excluyente, al Ministerio Público.
El requirente alega que se le obliga a vender el inmueble a un precio injusto, vulnerando sus garantías constitucionales.
