La Magistratura Constitucional señala que es en la contestación de una demanda en el juicio declarativo la oportunidad procesal en la que debe plantear la requirente sus excepciones.
La decisión se tomó en la acción presentada por la Articulación de los Pueblos Indígenas de Brasil y seis partidos políticos, en la que se señaló la omisión del gobierno federal en la lucha contra Covid-19 entre los pueblos indígenas.
En el caso que se declare admisible, le corresponderá luego al Tribunal Pleno emitir pronunciamiento sobre el fondo de la impugnación.
La Magistratura Constitucional señaló, respecto de la reserva legal en materia laboral, que no es posible en materia de principio de legalidad en el ámbito laboral desconocer que la Constitución deriva al Reglamento todas las materias no básicas.
La Magistratura Constitucional señala que las como criterios de interpretación se debe tener presente que las cotizaciones inciden en el derecho de seguridad social, son de propiedad del trabajador, tienen una función alimentaria y se vinculan al reconocimiento de la dignidad humana.
La Magistratura constitucional española tiene como una de sus misiones principales, garantizar principio y valores del Estado Social y Democrático de Derecho español que reconoce a la Monarquía parlamentaria como símbolo de su unidad y permanencia.
Luego de que la Sala designada por el Presidente del TC declarara la admisibilidad del requerimiento deducido, le corresponderá al Tribunal Pleno emitir pronunciamiento sobre el fondo de la impugnación.
Los solicitantes aducen que los vetos van en contra de las determinaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la legislación de las otras entidades federales, guiadas en estricta conformidad con las normas sanitarias.
La decisión fue acordada con el voto en contra de los Ministros García y Pozo, quienes estuvieron por declarar inadmisible el requerimiento, en virtud de la causal del artículo 84 N° 6 de la LOCTC.
Respecto del debido proceso, la Magistratura Constitucional señala que en este ámbito la cuestión planteada es un asunto de mera legalidad, porque lo reclamado por la requirente es la falta de motivación del acto administrativo que impulsó las multas.
