Pretenden inaplicabilidad de norma que prohíbe indemnizaciones pecuniarias producto de imputaciones injuriosas, lo que afectaría las garantías de igualdad ante la ley y de protección a la vida privada y a la honra.
La gestión pendiente incide en autos civiles, seguidos ante el Vigésimo Octavo Juzgado Civil de Santiago.