La gestión pendiente incide en autos civiles de que conoce el Tercer Juzgado de Letras en lo Civil de Copiapó, en actual conocimiento de la Corte de la misma ciudad, por recurso de apelación.
En su resolución, la Magistratura Constitucional sostuvo que el requerimiento no cumple con lo dispuesto en el artículo 84 N°5 y N°6 de la LOCTC.
La Magistratura española decidió suspender la vigencia y aplicación de dicho Acuerdo, tras invocar el Gobierno de la Nación el artículo 161.2 de la Constitución, desde el día 28 de octubre de 2019, fecha de interposición del conflicto, lo que será comunicado al Presidente de la Generalitat.
El precepto mencionado establece que, en los casos en que se haya nombrado a un Ministro de Corte de Apelaciones integrante de la Corte Marcial como Ministro Visitador, el Pleno de la Corte Suprema puede acordar una extensión de duración en el periodo original en determinadas circunstancias.
En el caso que se declare admisible, le corresponderá luego al Tribunal Pleno emitir pronunciamiento sobre el fondo de la impugnación.
El fallo fue acordado con el voto en contra de los Ministros Letelier y Vásquez, quienes estuvieron por acoger la impugnación en virtud de sus propias consideraciones.
El Tribunal Constitucional peruano señaló que, es perfectamente permisible que, a través del proceso de habeas corpus, se tutele el derecho a la libertad de tránsito de una persona cuando de manera inconstitucional se le impida o límite el ingreso o salida de su domicilio.
En el caso que se declare admisible, le corresponderá luego al Tribunal Pleno emitir pronunciamiento sobre el fondo de la impugnación.
La gestión pendiente incide en autos sobre sobre recurso de casación en el fondo, seguido ante la Corte Suprema.
El requerimiento se fundamenta en que el diputado habría incurrido en la causal de cesación, contemplada en el artículo 6 inciso quinto de la Constitución Política de la República, específicamente, el haber incitado a la alteración del orden público.
