La requirente estima vulnerado el debido proceso, toda vez que la infracción constitucional al principio de inocencia, al principio de culpabilidad y a la garantía constitucional de un procedimiento e investigación racionales y justos.
La gestión pendiente incide en autos sobre recurso de nulidad, seguidos ante la Corte de Santiago.
La sentencia determina que el contenido de las disposiciones impugnadas excede lo previsto en el artículo 8° de la Constitución, ya que amplía la información a que se tiene acceso.
La gestión pendiente incide en proceso penal, seguido ante el Tercer Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Santiago.
En el caso que se declare admisible, le corresponderá luego al Tribunal Pleno emitir pronunciamiento sobre el fondo de la impugnación.
La Magistratura constitucional colombina adujo que se cumplen con los parámetros del juicio de necesidad jurídica pues no existe norma que prevea esta exención y no existía un mecanismo expedito para adoptarla distinto del utilizado.
Se hace presente que el Ministro Pozo estuvo por acceder a la admisibilidad fundado en que el dilema de constitucionalidad generado en la especie, se vincula a los conceptos de tutela judicial efectiva, como se expresó en estrados, y el derecho a defensa.
La sentencia señala que, son materia de ley orgánica constitucional las normas que modifiquen los crímenes y simples delitos perpetrados fuera del territorio de la República sometidos a jurisdicción chilena.
La sentencia señala que los preceptos impugnados amplían el objeto de acceso a la información vía Ley de Transparencia.
El fallo señala que la eventual existencia de resguardos procesales equivalentes, como el recurso de queja, no constituye explicación de por qué hay racionalidad en la exclusión en casos como el que se presenta en autos.
