El máximo Tribunal de Brasil adujo que, como cualquier derecho fundamental, la libertad de expresión encuentra límites cuando se usa como pretexto para violaciones graves de otros intereses y derechos fundamentales.

Se adoptó acuerdo en la causa, quedando en estado de sentencia, designándose como redactores del fallo a la Presidenta, Ministra Brahm, y al Ministro Pozo.

En su resolución, la Magistratura constitucional sostuvo que concurre la causal de inadmisibilidad del requerimiento prevista en el numeral 3 del artículo 84 de la LOCTC, toda vez que no se cumple con el requisito esencial de existir una gestión pendiente útil.

La gestión pendiente incide en autos laborales, seguidos ante el Segundo Juzgado de Letras de Talagante, en actual conocimiento de la Corte de San Miguel, por recurso de apelación.

La gestión pendiente incide en autos de protección, en los que Blanco y Negro S.A. dedujo la acción por una multa de 401,04 Ingresos Mínimos No Remuneraciones, impuesta por el Departamento de Extranjería y Migración.

La Magistratura constitucional española adujo que la notable magnitud de la pena de prisión impuesta a los demandantes en amparo constituye un factor determinante de la preservación del interés general que conduce a no paralizar cautelarmente en esta sede constitucional su ejecución.

La decisión fue acordada con el voto en contra de la Ministra Silva, y del Ministro Pica, quienes estuvieron por declarar inadmisible el requerimiento.

La gestión pendiente incide en autos voluntarios, seguidos ante el Vigesimotercer Juzgado de Letras en lo Civil de Santiago, en actual conocimiento de la Corte de Santiago, por recurso de casación en la forma y apelación.

En el caso que se declare admisible, le corresponderá luego al Tribunal Pleno emitir pronunciamiento sobre el fondo de la impugnación.

En el caso que se declare admisible, le corresponderá luego al Tribunal Pleno emitir pronunciamiento sobre el fondo de la impugnación.