Es claro que empleador y trabajador se encuentran en situaciones de desigualdad, al estar el segundo sujeto a un vínculo de dependencia y subordinación respecto del primero. En este contexto, al excluir la procedencia del abandono del procedimiento, el legislador persigue una finalidad que es legítima: no solo busca asegurar la vigencia de la igualdad ante la ley, sino que además da vigencia a la protección al trabajador.

La requirente alega que los preceptos legales impugnados excluyen de toda intervención a la Corte Suprema para revisar las sentencias de las Cortes de Apelaciones que fallen los recursos de nulidad, lo que invalida el ejercicio de su superintendencia disciplinaria y correctiva.

El Tribunal Constitucional acogió la solicitud de suspensión de la gestión pendiente luego de que la Gobernadora Regional presentara un requerimiento de inaplicabilidad respecto del artículo 23 sexies, inciso cuarto, de la Ley N° 19.175, Orgánica Constitucional sobre Gobierno y Administración Regional.

El requirente alega que se le castiga múltiples veces por el mismo hecho, lo que resulta en una sanción desproporcionada que afecta su derecho de propiedad.

El requirente alega que la Isapre tiene amplias facultades para rescindir el contrato de salud por no haber declarado una enfermedad preexistente o excluir prestaciones médicas del mismo sin que el Legislador la haya regulado o limitado, lo que infringe sus garantías constitucionales.

La requirente alega que la aplicación de la norma legal impugnada vulnera el debido proceso, la igualdad ante la ley y la seguridad jurídica.

El requirente alega que el alcance de la jurisdicción militar, en su caso, vulnera la igualdad ante la ley, el derecho a ser juzgado por un tribunal independiente e imparcial, el justo y racional procedimiento, entre otras garantías constitucionales.

El requirente alega que al impedirse injustificadamente la interposición de un recurso de nulidad formal se vulnera la igualdad ante la ley y el debido proceso, entre otras garantías constitucionales.

La requirente sostiene que ve limitada su actividad económica por la ineficiencia de la DGA que no se pronuncia sobre el cambio de punto de captación, infringiendo sus garantías a la igualdad repartición de las cargas públicas y libertad económica.

El requirente alegó que se le obliga a vender su inmueble a un precio muy inferior al de mercado, lo que vulnera igualdad ante la ley, el debido proceso, en particular su derecho a defensa y derecho de propiedad.