Los requirentes estiman que se le afecta su derecho al debido proceso, al no haber sido notificados legalmente del requerimiento de pago de contribuciones que terminó con el remate de un inmueble de su propiedad.

La Municipalidad de Cholchol sostiene que intentar atacar el mérito del decreto alcaldicio de no renovación invade funciones propias tanto del alcalde, como del poder legislativo.

La requirente, una empresa forestal, estima que la imposibilidad de deducir recurso de casación en la forma en este procedimiento especial carece de fundamento y afecta sus garantías constitucionales.

La requirente estima que la norma en cuestión no otorga parámetros al juez para asegurar el justo equilibrio entre las partes que busca la norma.

Su aplicación infringe las garantías constitucionales de la igualdad ante la ley y el debido proceso.

El requirente alega que su aplicación infringe su derecho al recurso.

La requirente estima que el artículo 318 del Código Penal contiene una sanción desproporcionada y carente de especificación suficiente.

La requirente alega que la normativa sobre tachas de testigos vulnera su derecho al debido proceso e igualdad ante la ley, toda vez que se le impide probar los puntos de prueba fijados por el tribunal.

La requirente estima que el hecho que la autoridad pueda imponer más de una multa por la misma infracción significa una doble punición no tolerada por la Constitución.

El requirente estima que la aplicación de la norma impugnada vulnera las garantías constitucionales del debido proceso y la igualdad ante la ley.