La requirente estima que la rebaja del valor del bien embargado resulta desproporcionada y perjudicial para su patrimonio.
El requirente estima que la norma objetada vulnera la garantía de igualdad ante la ley, debido proceso y la preceptiva contenida en Tratados Internacionales ratificados por Chile sobre la materia.
El requirente reclama que se le aplica una carga arbitraria e injusta que afecta sus garantías constitucionales.
La requirente estima que la norma limita su derecho a accionar contra los actos de la Administración, reduciendo las causales de reclamación únicamente a ciertos errores de hecho.
El requirente estima que las normas objetadas, aplicadas al caso concreto, resultan contrarias a su garantía a un debido proceso.
El requirente alega que no puede controvertir una sentencia carente de motivaciones por el recurso que el legislador ha previsto al efecto, lo que vulnera sus garantías constitucionales.
Para permitir que el principio de probidad se haga realidad, la Ley adopta diversas medidas: establece inhabilidades e incompatibilidades para los servidores públicos, describe conductas que “contravienen especialmente el principio de la probidad administrativa” y establece deberes positivos derivados de la probidad, como la necesidad de prestar ciertas declaraciones para acceder a cargos públicos.
La requirente estima que la norma cuestionada atenta contra su derecho al recurso y produce otros efectos inconstitucionales.
El requirente estima que la norma impugnada transgrede el principio de presunción de inocencia y su garantía constitucional a un debido proceso.
El requirente alega que la restricción recursiva no tiene fundamento racional y vulnera el debido proceso.
