El requirente alega que se le ha negado la posibilidad de presentar prueba y defenderse en el procedimiento llevado en su contra, afectando su garantía al debido proceso.

Vulnera el derecho a la acción penal y, con ello, al debido proceso.

El requirente alega que se le priva de su derecho a la acción penal sin un control judicial previo, vulnerando su garantía al debido proceso.

El requirente alega que la aplicación del precepto en el caso concreto trasgrede su garantía a un debido proceso.

El requirente alega que la aplicación del precepto impugnado transgrede su derecho a desarrollar libremente una actividad económica, la libertad del trabajo y produce efectos inconstitucionales en el caso concreto.

Vulneran el principio de publicidad y las garantías de igualdad ante la ley y debido proceso.

El requirente alega que la disposición impugnada transgrede las garantías de igualdad ante la ley y debido proceso.

El requirente alega que la imposibilidad de apelar resoluciones dictadas en el procedimiento de cobranza produce efectos inconstitucionales en la gestión pendiente.

La requirente estima que las normas impugnadas vulneran el principio de igualdad ante la ley y el debido proceso.

La Fiscalía Nacional Económica solicitó se tenga por rechazado el requerimiento interpuesto por la ANFP, alegando que la aplicación de los preceptos impugnados no resulta contraria a la Constitución.