El requirente reclama que se le aplica una carga arbitraria e injusta que afecta sus garantías constitucionales.
La requirente estima que la norma limita su derecho a accionar contra los actos de la Administración, reduciendo las causales de reclamación únicamente a ciertos errores de hecho.
El requirente estima que las normas objetadas, aplicadas al caso concreto, resultan contrarias a su garantía a un debido proceso.
El requirente alega que no puede controvertir una sentencia carente de motivaciones por el recurso que el legislador ha previsto al efecto, lo que vulnera sus garantías constitucionales.
Para permitir que el principio de probidad se haga realidad, la Ley adopta diversas medidas: establece inhabilidades e incompatibilidades para los servidores públicos, describe conductas que “contravienen especialmente el principio de la probidad administrativa” y establece deberes positivos derivados de la probidad, como la necesidad de prestar ciertas declaraciones para acceder a cargos públicos.
La requirente estima que la norma cuestionada atenta contra su derecho al recurso y produce otros efectos inconstitucionales.
El requirente estima que la norma impugnada transgrede el principio de presunción de inocencia y su garantía constitucional a un debido proceso.
El requirente alega que la restricción recursiva no tiene fundamento racional y vulnera el debido proceso.
Monto de derechos municipales fue aumentando unilateralmente por el municipio en términos desproporcionados transformándose en una sanción automática por conductas que no le son imputables, lo que vulnera la igualdad ante la ley, el derecho de propiedad, entre otras garantías constitucionales del requirente.
No se divisan motivos razonables para exigir el cumplimiento de la obligación de comparecer en circunstancias que el procedimiento ante el CAM Santiago se tramitó de forma completamente digital.
