La Magistratura constitucional ordenó, con efectos inter comunis, una serie de medidas provisionales con el fin de proteger los derechos fundamentales de dichas personas.
El máximo Tribunal brasileño explicó que los abogados de las partes que quieran realizar alegatos orales, deberán inscribirse por medio de un formulario electrónico que estará disponible en el sitio web del STF hasta 48 horas antes del día de la sesión.
La Magistratura constitucional sostuvo que los preceptos reprochados producen una desproporción que generan la desprotección del trabajador frente a un despido.
La gestión pendiente incide en autos sobre cobranza laboral y previsional, seguido ante el Juzgado de Letras del Trabajo de La Serena.
La Magistratura constitucional convocó a las autoridades, a distintas federaciones y agremiaciones, a expertos y a varias universidades, así como a la ciudadanía en general, para que intervengan y se pronuncien sobre la constitucionalidad de este Decreto Legislativo.
El máximo Tribunal brasileño adujo que es una obligación para dicha Magistratura, garantizar la continuidad del derecho al aprendizaje de miles de estudiantes de la red pública.
En su resolución, la Magistratura Constitucional sostuvo que si no concurre ninguno de los defectos de constitucionalidad imputados, menos el precepto legal objeto de esta impugnación podría importar un atentado al núcleo esencial de los respectivos derechos o imponer a requirente exigencias que los hagan irrealizables.
La gestión pendiente incide en autos de procedimiento especial de la Ley Nro. 20.609, seguido ante el Segundo Juzgado Civil de Puerto Montt.
La Magistratura constitucional sostuvo que es razonable que una persona cumpla un año de pena efectiva en relación con un tipo penal que puede quintuplicar esa penalidad, con el fin de proteger la vida de terceros.
El máximo Tribunal brasileño adujo que no se trata de una cuestión ideológica, sino que de una técnica, por lo que tiene el deber constitucional de tutelar los Derechos Fundamentales de la vida, salud y el derecho a la información de todos los ciudadanos.
