En su resolución, la Magistratura Constitucional sostuvo que el requerimiento no cumple con lo dispuesto en el numeral 6 del artículo 84 de la LOCTC, esto es, no da cumplimiento a la exigencia constitucional y legal de encontrarse razonablemente fundada.

En el caso que se declare admisible, le corresponderá luego al Tribunal Pleno emitir pronunciamiento sobre el fondo de la impugnación.

La Magistratura Constitucional sostuvo que el precepto impugnado establece una diferencia arbitraria, porque trata igual a los que no son iguales y trata distinto a los que son iguales.

La gestión pendiente incide en proceso sobre tutela de derechos fundamentales y demanda subsidiaria de despido injustificado, seguido ante el Primer Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago, en actual conocimiento de la Corte de la misma ciudad, por recurso de apelación.

La Magistratura Constitucional española concluyó que la acción de inconstitucionalidad no fue otorgada por la Constitución, en estos casos, para la impugnación de leyes propias por las mismas Asambleas autonómicas que las aprobaron, y en cuya potestad está, por tanto, derogarlas total o parcialmente.

Luego de que la Sala designada por el Presidente del TC declarara la admisibilidad del requerimiento deducido, le corresponderá al Tribunal Pleno emitir pronunciamiento sobre el fondo de la impugnación.

El máximo Tribunal brasileño manifestó que medidas como la reintegración, pueden agravar la situación de los indígenas en relación con el riesgo de contagio del Covid-19.

En el caso que se declare admisible, le corresponderá luego al Tribunal Pleno emitir pronunciamiento sobre el fondo de la impugnación.

La sentencia no se hace cargo de las objeciones planteadas por la Asociación de Bancos e Instituciones Financieras (ABIF) que se hizo parte mediante un «téngase presente» en el trámite obligatorio de control de constitucionalidad y solicitó a la Magistratura Constitucional que se declarara la inconstitucionalidad de algunas normas del Proyecto de ley.

La Magistratura Constitucional determinó que se infringe la igualdad ante la ley, dado que discriminatoriamente se niega el mismo recurso de interés general del cual disponen todos quienes están sujetos a los que contempla el Código de Procedimiento Civil.