Monto de derechos municipales fue aumentando unilateralmente por el municipio en términos desproporcionados transformándose en una sanción automática por conductas que no le son imputables, lo que vulnera la igualdad ante la ley, el derecho de propiedad, entre otras garantías constitucionales del requirente.

No se divisan motivos razonables para exigir el cumplimiento de la obligación de comparecer en circunstancias que el procedimiento ante el CAM Santiago se tramitó de forma completamente digital.

El requirente estima que la norma objetada resulta discriminatoria y atentatoria contra su derecho a la defensa.

El requirente alega que la obligación meramente potestativa del Estado ha impedido que pueda retirar los montos depositados lo que vulnera la tutela judicial efectiva, igual protección de la ley en ejercicio de los derechos, propiedad y no afectación de los derechos en su contenido esencial, además del principio de servicialidad del Estado.

El requirente alegó que los preceptos impugnados vulneran sus garantías de igualdad ante la ley, debido proceso, derecho de propiedad, y la no afectación de las garantías constitucionales en su contenido esencial.

El requirente alega que al restringirse los motivos en que puede fundarse el reclamo se vulnera la igualdad ante la ley, la igual protección de la ley en ejercicio de los derechos, entre otras garantías constitucionales.

El requirente estima que la caducidad de la acción de despido indebido o improcedente conculca su derecho a la acción, el cual es reflejo de la garantía constitucional a la tutela judicial efectiva.

“Precepto legal” equivale a norma jurídica con rango legal, que puede estar contenida en una parte, en todo un artículo o en varios en que el legislador agrupa las disposiciones de una ley.

La gestión en que incide el requerimiento no se encuentra pendiente de modo que una eventual sentencia que declare la inaplicabilidad no podrá surtir efecto en dicha gestión.

El requirente alegó que los preceptos legales impugnados vulneran sus garantías de igualdad ante la ley, debido proceso y a la no afectación de los derechos constitucionales en su contenido esencial.