La Magistratura constitucional colombiana adujo que, el no pago de estas obligaciones por parte de personas con capacidad económica para hacerlo, implica un abuso del derecho y el correlativo desconocimiento de sus deberes.

La Magistratura constitucional adujo que, de aplicar los preceptos impugnados en el caso en específico, se vulnerarían las garantías constitucionales de igualdad ante la ley y debido proceso.

De esta manera, ambas Magistraturas constitucionales marcan un hito relevante en el uso de la tecnología y el trabajo remoto.

La gestión pendiente incide en autos penales, seguidos ante el Juzgado de Garantía de Curacaví.

La Magistratura constitucional adujo que el legislador es libre de establecer un sistema de recursos que le parezcan pertinentes a la naturaleza de la controversia para la protección de los derechos e intereses comprometidos de los justiciables.

En el caso que se declare admisible, le corresponderá luego al Tribunal Pleno emitir pronunciamiento sobre el fondo de la impugnación.

En específico se estudió si tales facultades desconocían el artículo 267 de la Constitución, que define a Contraloría como una entidad de carácter técnico con autonomía administrativa y presupuestal.

Esto, a propósito de caso de un estudiante que bloqueó la sede principal de la universidad como protesta por la gestión de altos directivos, hecho por el cual, no se le permitió acceder al título.

La Magistratura constitucional adujo que no sólo se da una diferenciación arbitraria, sino también una situación de indefensión procedimental.

En el caso que se declare admisible, le corresponderá luego al Tribunal Pleno emitir pronunciamiento sobre el fondo de la impugnación.