La Magistratura Constitucional sostuvo que el proyecto de ley constituye una más de las medidas idóneas para cautelar la vida y la integridad de personas privadas de libertad frente a la pandemia, sin que por ello se lesionen esos derechos respecto de quienes no son beneficiados por los indultos.

En el caso que se declare admisible, le corresponderá luego al Tribunal Pleno emitir pronunciamiento sobre el fondo de la impugnación.

La Magistratura constitucional sostuvo que los preceptos reprochados se prestan para abusos, por ser insuficiente a efectos de asegurar que la medida de castigo no trascienda la gravedad de los hechos cometidos.

Anteriormente, un grupo de senadores oficialistas habían presentado un requerimiento de inconstitucionalidad respecto del mismo proyecto de ley.

La gestión pendiente incide en autos sobre demanda ejecutiva de cobro de derechos de estacionamientos reservados, seguido ante el Undécimo Juzgado de Letras en lo Civil de Santiago.

El máximo Tribunal brasileño adujo que no le compete al Poder Ejecutivo Federal tomar decisiones de gobiernos estaduales unilateralmente.

Similar impugnación interpuesta por un grupo de senadores fue rechazada por la Magistratura Constitucional.

La gestión pendiente incide en causa de Derechos Humanos, seguida ante el Ministro en Visita Álvaro Mesa Latorre, de la Corte de Apelaciones de Temuco.

Los requirentes alegan que la exclusión de que son objeto es discriminatoria y vulnera diversos preceptos de la Constitución.

La impugnación se ingresó al Tribunal Constitucional el mismo día en que se realiza la audiencia pública, vía videoconferencia, dada la emergencia sanitaria por el COVID-19, para revisar el requerimiento interpuesto por un grupo de senadores de Chile Vamos.