El requirente alega que el hecho que se obligue al juez a fijar caución para levantar la orden de suspensión vulnera su derecho a la igualdad ante la ley y el debido proceso.

Tribunal Constitucional dio a conocer el fallo que contiene los fundamentos en base a los cuales declaró inaplicable el artículo 418 del Código Procesal Penal en el caso del Senador Manuel José Ossandón.

El requirente estima que la excepcionalidad del recurso de apelación en materia concursal hace ilusoria la posibilidad de ejercer sus derechos.

Despido conforme a los preceptos impugnados configura una desprotección del trabajador, comprometiendo su libertad de trabajo y sus garantías mínimas de protección.

No vulnera el derecho a defensa ni el debido proceso, la Tesorería no actúa como comisión especial ni tampoco conculca el derecho de propiedad.

El precepto legal se entenderá derogado, produciéndose dicho efecto una vez que se publique en el Diario Oficial la sentencia que así lo declare.

El requirente sostiene que se le impide controvertir una sanción desproporcionada, lo que transgrede sus derechos de igualad ante la ley y debido proceso.

La requirente estima que la norma en el caso concreto lo sanciona de forma desproporcionada, vulnerando sus garantías constitucionales.

Los requirentes alegan que la normativa impugnada al negar de plano su petición de nulidad de todo lo obrado, les impide hacer valer sus derechos en juicio.

Los requirentes, un grupo de educadores diferenciales, alegan que fueron arbitrariamente excluidos del bono de reconocimiento profesional.