La Magistratura constitucional adujo que el legislador es libre de establecer un sistema de recursos que le parezcan pertinentes a la naturaleza de la controversia para la protección de los derechos e intereses comprometidos de los justiciables.

En el caso que se declare admisible, le corresponderá luego al Tribunal Pleno emitir pronunciamiento sobre el fondo de la impugnación.

En específico se estudió si tales facultades desconocían el artículo 267 de la Constitución, que define a Contraloría como una entidad de carácter técnico con autonomía administrativa y presupuestal.

Esto, a propósito de caso de un estudiante que bloqueó la sede principal de la universidad como protesta por la gestión de altos directivos, hecho por el cual, no se le permitió acceder al título.

La Magistratura constitucional adujo que no sólo se da una diferenciación arbitraria, sino también una situación de indefensión procedimental.

En el caso que se declare admisible, le corresponderá luego al Tribunal Pleno emitir pronunciamiento sobre el fondo de la impugnación.

Esto, a propósito del recurso de inconstitucionalidad presentado por 102 diputados del Grupo Parlamentario Popular del Congreso, en contra del Real Decreto-ley 7/2019, de 1 de marzo, de medidas urgentes en materia de vivienda y alquiler.

El fallo fue acordado con los votos en contra de los Ministros Aróstica y Vásquez, quienes estuvieron por acoger la impugnación.

La Magistratura constitucional colombiana concluyó que no existió un perjuicio irremediable que justificará un amparo transitorio, pues el despido no generó una afectación de su derecho al mínimo vital.

La Magistratura constitucional adujo que, lo que se ha sometido a control de constitucionalidad, es la nueva competencia otorgada a Jueces del Trabajo para conocer de reclamaciones respecto de sanciones que pudiera decretar la Dirección del Trabajo.