En el caso que se declare admisible, le corresponderá luego al Tribunal Pleno emitir pronunciamiento sobre el fondo de la impugnación.
La gestión pendiente incide en autos sobre demanda de reclamación de expropiación, seguida ante el Juzgado de Letras y Garantía de Pucón, actualmente en conocimiento de la Corte de Temuco, por recurso de apelación.
La Magistratura colombiana ordenó a Notaría de Medellín que corrigiera el registro civil de la menor, de manera tal que el nombre de su madre quedara inscrito correctamente.
La gestión pendiente incide en causa sobre reclamación seguida ante la Corte de Santiago, en actual conocimiento de la Corte Suprema, por recurso de apelación.
En el caso que se declare admisible, le corresponderá luego al Tribunal Pleno emitir pronunciamiento sobre el fondo de la impugnación.
Máximo Tribunal señaló que no es admisible invadir las funciones de otro órgano establecido en funciones particulares por el constituyente.
El Tribunal Constitucional peruano concluyó que, habiéndose determinado que el demandante estuvo protegido durante su actividad laboral por los beneficios del Satep, le corresponde gozar de la prestación estipulada por su régimen sustitutorio el SCTR y percibir la pensión de invalidez permanente parcial regulada en el artículo 18.2.1, en un monto equivalente al 50 % de su remuneración mensual, en atención al menoscabo de su capacidad orgánica funcional.
El Tribunal Constitucional peruano indicó respecto de la presunta vulneración del derecho a la igualdad que, los diferentes niveles de producción permitidos para cada uno de los tipos de actividades mineras previstas en la ley, justifican el uso de diferentes tipos de equipos y maquinarias por lo que la diferenciación en este ámbito no se reveló como inconstitucional en tanto que atendió a un criterio objetivo.
La sentencia fue acordada con los fundamentos de los votos de los magistrados José Sardón y Eloy Espinosa-Saldaña y con el voto singular del Magistrado Ernesto Blume, quien fue partidario de declarar fundada la demanda y, en consecuencia, nula la Audiencia del 23 de julio de 2013.
La Magistratura colombiana ordenó al Ministerio del Trabajo que, en el término máximo de 10 días, lleve cabo los trámites necesarios para el reconocimiento y pago de la prestación humanitaria periódica como víctima del conflicto.
