La Magistratura colombiana adujo que norma desconoce mandato constitucional de unidad de materia, pues falta de relación directa entre el artículo demandado y la norma que lo contiene.

En el caso que se declare admisible, le corresponderá luego al Tribunal Pleno emitir pronunciamiento sobre el fondo de la impugnación.

La Corte de Apelaciones de Santiago declaró inadmisible el recurso de protección por exceder las materias que deben ser conocidas por dicha acción.

El máximo Tribunal ibérico consideró que los principios constitucionales que pueden resultar infringidos son el de seguridad jurídica, el de taxatividad de las disposiciones sancionadoras, y el de exigencia de precisión en la determinación de las sanciones de ese mismo precepto constitucional.

La gestión pendiente incide en autos sobre liquidación forzosa, seguido ante el Primer Juzgado de Letras en lo Civil de Ovalle.

La gestión pendiente incide en autos sobre recurso de queja, seguido ante la Corte Suprema.

La gestión pendiente incide en autos sobre sobre nulidad de contrato e indemnización de perjuicios, seguidos ante el Primer Juzgado de Letras en lo Civil de Chillán.

En su resolución, la Magistratura Constitucional sostuvo que el requerimiento no cumple con lo dispuesto en el artículo 80 de la LOCTC, esto es, que contiene referencias que no se condicen con los antecedentes acompañados.

El presidente del TC ibérico ha recalcado la importancia de la justicia constitucional, que ha dado lugar a un estudio sintético, histórico y de derecho comparado, para examinar los contenidos competenciales del Tribunal.

La gestión pendiente incide en proceso penal seguido ante el Juzgado de Letras y Garantía de Quintero.