El Tribunal Constitucional declaró inaplicable el precepto legal “o una licenciatura” contenido en el artículo 103, letra b), de la Ley 21.091, lo que tornó ilegal y arbitrario el dictamen de Contraloría que impedía acceder a la gratuidad a los alumnos del College UC.
El requirente alegó que el precepto impugnado permite aplicar sanciones desproporcionadas, desiguales y arbitrarias. El voto del Presidente no dirime el empate en requerimientos de inaplicabilidad.
Las normas consultadas no revisten el carácter de orgánico constitucional en cuanto no innovan respecto de las atribuciones que ya tienen los municipios, decisión adoptada con voto disidente.
La requirente estima que la declaratoria significa una carga totalmente desproporcionada que coarta su patrimonio.
Los requirentes, un grupo de educadores diferenciales, alegaron que fueron arbitrariamente excluidos de bono de reconocimiento profesional.
En caso que los requerimientos se declaren admisibles, la Magistratura Constitucional deberá pronunciarse luego sobre el fondo de los vicios de inconstitucionalidad denunciados.
El requirente estima que la medida aplicada afecta su garantía a un debido proceso.
La Casa de Estudios alegó que se extendía el principio de publicidad más allá de lo que la Constitución permite.
La requirente estima que se configura una limitación arbitraria que transgrede su garantía a un debido proceso.
Requirente alegó que la norma impugnada vulnera su derecho a defensa e igualdad ante la ley.
