El requirente alega que se le castiga múltiples veces por el mismo hecho, resultando en una sanción desproporcionada que afecta su derecho de propiedad.
El requirente alega que la exigencia resulta carente de razón y vulnera sus garantías de igualdad ante la ley y debido proceso.
El requirente estima que se vulnera su garantía de legalidad penal, el principio de legalidad y de taxatividad penal, junto a la eximente de legítima defensa.
El derecho a la impugnación de las sentencias -el derecho al recurso-, que integra la garantía del debido proceso, no implica un derecho a un recurso en concreto, de modo tal que, establecida la posibilidad de revisión, el legislador es libre para determinar el modo y los procedimientos para lograrla.
La requirente sostiene que la norma impugnada restringe su garantía constitucional a un debido proceso.
El requirente estima que la norma cuestionada atenta contra el debido proceso, la igualdad ante la ley y la seguridad jurídica.
El Ministerio Público tiene la dirección exclusiva de la investigación de los hechos constitutivos de delito, la participación de los involucrados o en el evento la inocencia del imputado, lo cual redunda, en el ejercicio de la acción penal. En nada afecta el texto constitucional el ejercicio exclusivo de investigar los hechos punibles y la participación, como tampoco que el Ministerio Público, sea depositario del mandato de averiguar también aquellos que acrediten la inocencia del imputado.
El requirente estima que la aplicación de estas normas atenta contra las garantías a un debido proceso y derecho de propiedad.
El requirente alega que se mantiene su estado de incertidumbre migratoria, afectando sus derechos de igualdad ante la ley y de tutela judicial efectiva.
De acogerse la inaplicabilidad se utilizaría a este Tribunal para crear recursos que no están reconocidos ni en la legislación sectorial y tampoco necesariamente lo están en la procesal civil, eludiendo lo mandatado por el legislador, a quien le corresponde normar en esta materia. Además, el empleador puede sostener su reclamo posteriormente mediante un recurso de nulidad, alegando vulneración de garantías fundamentales, no estando agotadas las herramientas para hacer valer su pretensión.
