La Magistratura colombiana sostuvo que accionante no cuenta con otra vía judicial idónea y eficaz para acceder a una reparación integral como víctima de violencia sexual intrafilas de las FARC.

La Magistratura española adujo que la autonomía parlamentaria no puede en modo alguno servir de pretexto para que la Cámara autonómica se considere legitimada para atribuirse la potestad de vulnerar el orden constitucional, ni erigirse en excusa para soslayar el cumplimiento de las resoluciones del Tribunal Constitucional.

La gestión pendiente incide en proceso penal, seguido ante el Juzgado de Letras, Familia y Garantía de Quellón.

Los casos son de una docente de Antofagasta y una técnico en enfermería de Punta Arenas.

La gestión pendiente incide en autos laborales de que conoce el Juzgado de Letras del Trabajo de Arica, en actual conocimiento de la Corte de Arica, por recurso de nulidad.

La gestión pendiente incide en autos ejecutivos de obligación de dar, seguidos ante el Primer Juzgado Civil de Rancagua.

La gestión pendiente incide en proceso penal, seguido ante el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Cauquenes.

La gestión pendiente incide en autos laborales seguidos ante el 2° Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago, en actual conocimiento de la Corte de Apelaciones de Santiago, por recurso de hecho.

La gestión pendiente incide en autos laborales seguidos ante el Juzgado de Letras de Nueva Imperial, en actual conocimiento de la Corte de Apelaciones de Temuco, por recurso de nulidad.

El requerimiento incurre en la causal de inadmisibilidad artículo 84, numeral 6 de la LOCTC, esto es, que la impugnación accionada no cuenta con fundamento plausible.