El requirente estima que vulneran sus garantías de debido proceso, igualdad ante la ley, proporcionalidad de las sanciones y seguridad jurídica.
El requirente alega que se le aplica una sanción automática por conductas que no le son imputables, vulnerando sus garantías constitucionales.
No se advierte vulneración al derecho a la acción penal y al debido proceso en los términos denunciados por el requirente.
El requirente alega que la aplicación de los preceptos en el caso concreto, producen efectos inconstitucionales y desproporcionados.
No se advierte vulneración al derecho a la igualdad ante la ley en los términos denunciados por el requirente.
El requirente estima que se le aplica una sanción desproporcionada que no puede controvertir, vulnerando el debido proceso y el principio de legalidad.
La requirente alega que no puede evitar se dicte una sentencia carente de motivación que lo perjudica, afectando sus garantías constitucionales.
El requirente alega que no suspender el procedimiento hará inútil la interposición el recurso, dejándolo en indefensión.
El requirente estima que no tiene relación comercial y laboral con el resto de las empresas objeto de la demanda, por lo que se le imponen cargas excesivas de manera arbitraria.
El requirente alega que la restricción recursiva lo deja sin la posibilidad de controvertir la falta de fundamentos de una sentencia, vulnerando el debido proceso y la igualdad ante la ley.
