El requirente estima que la aplicación de esta norma atenta contra su derecho de propiedad.
El requirente alega que la aplicación de una norma procesal común en un procedimiento especialísimo y reservado vulnera el respeto y protección de la vida privada, de los datos personales, el derecho a defensa y al debido proceso, entre otras garantías constitucionales.
El requirente estima que se le aplica arbitrariamente un procedimiento sumarísimo que vulnera sus garantáis constitucionales.
El requirente alega que la restricción indemnizatoria no resulta racional y vulnera sus garantías constitucionales.
La dicotomía información pública/reservada es una cuestión de legalidad porque da por descontada la aplicación del artículo 8° de la Constitución. Es resorte del juez de fondo determinar si ello acontece, aplicando la regla general de publicidad o la excepción de las reservas y determinar si en los hechos la revelación de la información solicitada afecta los derechos de terceros.
De acogerse la inaplicabilidad se utilizaría al Tribunal Constitucional para crear recursos que no están reconocidos ni en la legislación sectorial y tampoco necesariamente lo están en la procesal civil, eludiendo lo mandatado por el legislador, a quien le corresponde normar en esta materia.
El requirente alega que se le obliga a vender su inmueble a un precio muy inferior al de mercado, vulnerando sus garantías constitucionales.
Al no apreciarse un conflicto constitucional suficiente y adolecer el requerimiento de falta de fundamento plausible.
La requirente alega que esta prescripción de corto plazo es arbitraria y atenta contra la igualdad ante la ley, el derecho de acceso a la justicia, propiedad, entre otras garantías.
El requirente traslada la falta de motivación y la desproporción que atribuye al sentenciador del fondo al precepto legal que regula la multa, transformándola en un requerimiento de inaplicabilidad, lo que ya es motivo suficiente para desestimarlo porque sigue siendo, al fin y al cabo, un cuestionamiento a la decisión adoptada por el TDLC que debe ser revisada por la Corte Suprema.
