La decisión de suspender la gestión pendiente fue acordada con el voto en contra de los Ministros García y Pozo, quienes estuvieron por declarar inadmisible el requerimiento.

La requirente estima que los preceptos impugnados vulnerarían la igualdad ante la ley y el debido proceso.

La gestión pendiente incide en autos penales, seguidos ante el Primer Juzgado Civil de San Miguel, continuador del Sexto Juzgado del Crimen de San Miguel, en actual conocimiento de la Corte de San Miguel.

La gestión pendiente incide en un recurso de queja, de que conoce la Corte Suprema.

La requirente estima que el precepto impugnado infringiría la igualdad ante la ley y el debido proceso.

La gestión pendiente invocada incide en un recurso de reclamación, seguido ante la Corte de Santiago.

La decisión fue acordada con el voto en contra de los Ministros García, Hernández Emparanza y Silva.

Los requirentes estiman que la disposición impugnada vulnera la autonomía de los cuerpos intermedios y la libertad de conciencia en relación con el derecho de asociación.

No se dio cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 112 y 113 de la LOCTC.

Se aduce que la norma objeto de reproche vulneraría una serie de garantías constitucionales, entre las que se encuentran la autonomía de los cuerpos intermedios.