La decisión fue acordada con la prevención de los Ministros Aróstica y Vásquez.
El requirente estimada vulneradas la garantía constitucional de igualdad ante la ley, al debido proceso y a la igual repartición de los tributos, entre otras.
Se confirió traslado al Ministerio Público por diez días para que haga llegar las observaciones y antecedentes que estime pertinentes.
La requirente estima que el precepto impugnado infringe el debido proceso.
La gestión pendiente incide en autos ejecutivo, seguidos ante el 30° Juzgado de Letras en lo Civil de Santiago, en actual conocimiento de la Corte de Santiago, por recurso de apelación.
La gestión pendiente incide en autos sobre reclamación tributaria, seguidos ante la Corte de Santiago, en actual conocimiento de la Corte Suprema.
La gestión pendiente incide en autos sobre recurso de protección, de que conoce la Corte de Talca.
La decisión de suspender la gestión pendiente fue acordada con el voto en contra de la Ministra Silva, quien estuvo por declarar inadmisible el requerimiento.
Las gestiones pendientes inciden en dos recursos de nulidad laboral de que conoce la Corte de Santiago.
La requirente estima vulnerado el derecho al debido proceso.
