La requirente estima que la norma impugnada vulnera su garantía al igual acceso a la justicia y su derecho a la seguridad jurídica.
El requirente alega que la aplicación de los preceptos impugnados vulnera su garantía constitucional a un debido proceso.
La requirente estima que la inhabilidad aplicada es desproporcionada y limita el desarrollo de sus actividades para la comunidad.
El requirente alega que el precepto impugnado vulnera, entre otros, su garantía constitucional a un debido proceso.
La requirente alega la tasación basada en el avalúo fiscal es desproporcionada y genera un importante menoscabo a su patrimonio.
El requirente alegó que el precepto impugnado no contiene parámetros objetivos que impidan la arbitrariedad del juzgador, contraviniendo abiertamente el texto constitucional.
El requirente alegó que se le aplica una sanción automática por conductas que no le son imputables, vulnerando sus garantías constitucionales.
El requirente estima que la aplicación de esta norma en su caso concreto vulnera la igualdad ante la ley, la igual protección de la ley en el ejercicio de sus derechos y el debido proceso, y conlleva a la aplicación de una pena desproporcionada.
El requirente alega que la aplicación del precepto impugnado transgrede su derecho a la defensa y el debido proceso.
El requirente sostiene que la limitación recursiva resulta arbitraria y vulnera sus garantías de igualdad ante la ley y al debido proceso.
