El requirente alega que la aplicación de los preceptos impugnados en la gestión pendiente produce efectos contrarios a las normas y principios constitucionales.

La requirente alega que, la aplicación de los preceptos impugnados en la gestión pendiente, producen efectos inconstitucionales.

El requirente alega que se le impide, sin justificación suficiente, solicitar que un tribunal superior conozca sobre una cuestión de fondo, afectando su garantía al debido proceso.

El requirente sostiene que se le aplica de plano una sanción desproporcionada, vulnerando sus garantías constitucionales.

El requirente alega que se le aplica una sanción automática por conductas que no le son imputables, vulnerándose sus garantías constitucionales.

El requirente alega que no puede terminar con un procedimiento dilatado en exceso por la negligencia del demandante, vulnerándose sus garantías constitucionales.

El requirente alega que la restricción recursiva lo deja sin la posibilidad de controvertir una sentencia viciosa, vulnerando el debido proceso y la igualdad ante la ley.

El requirente estima que se le imponen sanciones muy gravosas sin atender a las circunstancias del caso particular, vulnerando sus garantías constitucionales.

El requirente alega que la restricción recursiva afecta gravemente la garantía del debido proceso.

Ambas Ministras fueron designadas por su excelencia el Presidente de la República, señor Gabriel Boric Font, con ocasión de la cesación en los cargos, por cumplimiento del tiempo de designación de los Ministros del TC Iván Aróstica Maldonado y María Luisa Brahm Barril.