La gestión pendiente incide en autos ejecutivos sobre cumplimiento de sentencia laboral, seguidos ante el Juzgado de Letras del Trabajo de Talca, en los que se solicita el embargo de determinados bienes de la subvención escolar de la requirente debido a una sentencia laboral en su contra.

La gestión pendiente incide en autos sobre juicio de arrendamiento, seguidos ante el 18° Juzgado de Letras en lo Civil de Santiago, en los que el requirente fue demandado por restitución de inmueble, reconvención de pago, pago de rentas e indemnización de perjuicios.

Para pronunciarse acerca de la admisibilidad del requerimiento la Sala designada por el Presidente del TC confirió ?traslado a las demás partes de la gestión invocada, por el término de diez días?.

Para pronunciarse acerca de la admisibilidad del requerimiento la Sala designada por el Presidente del TC confirió ?traslado a las demás partes de la gestión invocada, por el término de diez días?.

Para pronunciarse acerca de la admisibilidad del requerimiento la Sala designada por el Presidente del TC confirió ?traslado a las demás partes de la gestión invocada, por el término de diez días?.

En el caso que se declare admisible, le corresponderá luego al Tribunal Pleno emitir pronunciamiento sobre el fondo del requerimiento.

La gestión pendiente incide en autos sobre investigación administrativa disciplinaria, seguidos ante la Corte de Temuco, en los que se abrió expediente de remoción contra el notario requirente luego de haberlo sancionado con la suspensión de sus funciones por cuatro meses.

El requirente estima que el precepto impugnado vulneraría la igualdad ante la ley y el debido proceso, por cuanto se impide aplicar el nuevo sistema procesal penal, que justamente asegura un procedimiento y una investigación racionales y justos.

La gestión pendiente incide en autos sobre reclamación de monto de expropiación, en actual conocimiento de la Corte de Apelaciones de Valparaíso por recurso de apelación, en los que la requirente reclamó el monto de la expropiación de parte de un inmueble de su propiedad.

Los requirentes estiman que el precepto impugnado infringe el debido proceso, ya que el tribunal otorgó valor por sí sola a la prueba pericial biológica, en circunstancias que fue imposible tomar la contramuestra de ADN.