La gestión pendiente incide en autos sobre cobranza laboral, seguidos ante el Juzgado de Cobranza Laboral de Curicó, en actual conocimiento de la Corte de Talca por recurso de apelación.
La gestión pendiente incide en autos sobre recurso de apelación, de que conoce la Corte de San Miguel, en actual conocimiento de la Corte Suprema .
La gestión pendiente incide en autos penales, seguidos ante el 4° Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Santiago, en los que el requirente es querellado por el delito de denuncia calumniosa.
La gestión pendiente incide en autos penales, seguidos ante el Juzgado de Garantía de Valparaíso, en actual conocimiento de la Corte de Valparaíso por recurso de hecho, en los que los requirentes se encuentran imputados como coautores del delito de usurpación no violenta en grado de consumado.
La gestión pendiente incide en autos sobre reclamo de ilegalidad, seguidos ante la Corte de Santiago, en los que la requirente impugnó una decisión del Consejo para la Transparencia que acogió la solicitud de acceso a la información pública en su contra.
La gestión pendiente incide en autos sobre reclamación tributaria, seguidos ante la Corte de Santiago, en actual conocimiento de la Corte Suprema mediante recursos de casación en la forma y en el fondo, en los que la requirente reclamó contra la resolución que denegó una devolución de IVA.
Los preceptos impugnados establecen, en esencia, que en la etapa de sumario del antiguo procedimiento penal se toma declaraciones y se realizan careos sin la presencia del abogado del declarante e inculpado.
La gestión pendiente incide en autos sobre investigación sumaria, seguidos ante el Consejo Directivo de la Corporación de Asistencia Judicial (CAJ) de la Región del Bíobío, en los que el abogado requirente, funcionario de dicha CAJ, se encuentra sumariado por haber patrocinado como abogado particular a un imputado por infracción a la Ley de Drogas.
La gestión pendiente incide en un recurso de unificación de jurisprudencia, de que conoce la Corte Suprema, en que se impugna una sentencia laboral que condenó a la Municipalidad requirente por despido injustificado de una trabajadora a honorarios.
El requirente consideró que los preceptos impugnados vulneran el derecho de propiedad, ya que hacen posible la pérdida del dominio de un bien común con el sólo consentimiento de una mayoría.
