Los requirentes estiman que la disposición consagra una diferencia perjudicial y carente de razón, además de infringir las normas de formación de la ley.

El requirente alega que, de aplicarse el precepto en el caso concreto, se vulneran sus garantías constitucionales.

El requirente alega que la aplicación del precepto impugnado, en el procedimiento penal, vulnera su garantía a un debido proceso.

El artículo 4°, incisos primero y tercero, el artículo 20, inciso segundo, y el artículo 28, inciso primero, en la frase “y será competente para conocer y resolver el juzgado de policía local del lugar de emplazamiento del elemento publicitario”, inciden en una materia propia de ley orgánica constitucional y se ajustan a la Constitución.

El voto del Presidente no dirime un empate en estos casos.

El requirente alegó que la detención por deudas no está permitida en nuestro ordenamiento jurídico y vulnera garantías constitucionales.

El requirente alega que se le obliga a relevar información que no es pública, conforme al texto constitucional, vulnerando su derecho a realizar cualquier actividad económica.

El requirente alega que se le imposibilita controvertir la falta de fundamentos de una sentencia, vulnerando sus garantías al debido proceso e igualdad ante la ley.

Las normas objetadas no resultan decisivas para acoger la solicitud de la requirente, desde que la Magistratura Constitucional no se encuentra facultada para pronunciarse sobre la interpretación que de la preceptiva legal objetada hace el juez de fondo.

El requirente alega que la aplicación del precepto impugnado, en el procedimiento penal, vulnera garantías constitucionales.