El requirente alega que se le aplica un tributo injusto que le impide desarrollar su actividad económica.
El requirente estima que el precepto ha posibilitado delegar facultades jurisdiccionales, contraviniendo abiertamente la Constitución.
El requirente alegó que el precepto legal constituye una sanción desproporcionada que se aplica de manera automática e ilimitada en el tiempo.
El requirente alegó que las normas restringían sus posibilidades de defensa de forma contraria al texto constitucional.
El requirente alegó que el precepto legal no establece criterios objetivos, reproducibles y verificables para determinar la cuantía de la multa en forma proporcional a la gravedad de la infracción.
El requirente alega que se le ha despojado de su propiedad mediante un procedimiento fraudulento, vulnerando sus garantías constitucionales.
El requirente alega que la aplicación de los preceptos impugnados, en el caso concreto, vulneran su garantía a un debido proceso e igualdad ante la ley.
El voto del Presidente no dirime un empate en estos casos.
El requirente estima que el plazo máximo de 90 días constituye un obstáculo irracional para el ejercicio de su derecho a una tutela judicial efectiva.
El requirente alega que se produce una limitación a sus posibilidades de defensa, transgrediéndose sus garantías a un debido proceso e igualdad ante la ley.
