La gestión pendiente incide en autos sobre reclamo de ilegalidad, seguidos ante la Corte de Santiago, en los que la requirente impugnó una decisión del Consejo para la Transparencia que acogió la solicitud de acceso a la información pública en su contra.

La gestión pendiente incide en autos sobre reclamación tributaria, seguidos ante la Corte de Santiago, en actual conocimiento de la Corte Suprema mediante recursos de casación en la forma y en el fondo, en los que la requirente reclamó contra la resolución que denegó una devolución de IVA.

Los preceptos impugnados establecen, en esencia, que en la etapa de sumario del antiguo procedimiento penal se toma declaraciones y se realizan careos sin la presencia del abogado del declarante e inculpado.

La gestión pendiente incide en autos sobre investigación sumaria, seguidos ante el Consejo Directivo de la Corporación de Asistencia Judicial (CAJ) de la Región del Bíobío, en los que el abogado requirente, funcionario de dicha CAJ, se encuentra sumariado por haber patrocinado como abogado particular a un imputado por infracción a la Ley de Drogas.

La gestión pendiente incide en un recurso de unificación de jurisprudencia, de que conoce la Corte Suprema, en que se impugna una sentencia laboral que condenó a la Municipalidad requirente por despido injustificado de una trabajadora a honorarios.

El requirente consideró que los preceptos impugnados vulneran el derecho de propiedad, ya que hacen posible la pérdida del dominio de un bien común con el sólo consentimiento de una mayoría.

El precepto impugnado se refiere, en esencia, a los fondos o créditos disponibles suficientes en cuenta corriente con que debe contar el librador en poder del Banco librado y el giro doloso de cheques.

La Sala designada por el Presidente del TC tendrá que resolver si admite a trámite la impugnación, para luego pronunciarse sobre su admisibilidad.

La gestión pendiente incide en autos sobre reclamación tributaria, seguidos ante el Cuarto Tribunal Tributario y Aduanero de la Región Metropolitana, en actual conocimiento de la Corte Suprema mediante recursos de casación en la forma y en el fondo.

El juez requirente estima que los preceptos impugnados vulneran el debido proceso, pues no existe un acto de imputación formal a modo de una acusación requerimiento o querella, y asimismo el denunciado no cuenta con un término especial de prueba para llevar sus descargos.