El requirente alega que, la aplicación de los preceptos impugnados en la gestión pendiente, producen efectos inconstitucionales.
El requirente alega que se le obliga a continuar con un procedimiento que no cumple con las finalidades buscadas, vulnerando sus garantías constitucionales.
El requirente estima que la sanción resulta desproporcionada y carente de fundamentos, y vulnera, entre otros derechos, la igualdad ante la ley.
El requirente alega que la restricción recursiva no tiene fundamento racional y vulnera el debido proceso.
Constituye una medida legítima que cumple con los estándares constitucionales de proporcionalidad igualdad ante la ley y debido proceso. Se modifica precedentes.
El requirente alega que se le confiscan injustamente sus bienes, vulnerando sus garantías constitucionales.
El requirente alega que destinar recursos provenientes de subvenciones escolares a fines no educativos vulnera el derecho a la educación.
El requirente alega que se le impide injustamente acceder a la justicia en los términos protegidos por la Constitución.
El voto del Presidente no dirime un empate en estos casos.
El requirente alega que se le obliga a vender su inmueble a un precio muy inferior al de mercado, vulnerando sus garantías constitucionales.
