El requirente alega que el precepto impugnado contradice la Constitución en la forma en que ésta regula el desafuero de autoridades públicas, vulnerando además el debido proceso.
El requirente alega que la aplicación de los preceptos en el caso concreto, producen efectos inconstitucionales.
El requirente alega que se le impide arbitrariamente la revisión por un tribunal superior de una resolución que le perjudica, afectando su garantía al debido proceso.
El requirente alega que la aplicación del precepto impugnado en el procedimiento penal vulnera sus garantías constitucionales.
El requirente estima vulnerada la garantía de igualdad ante la ley, ya que se otorga un privilegio injustificado a ciertos trabajadores en perjuicio de los demás, a la libertad para desarrollar actividades económicas y el derecho de propiedad.
El requirente alega que de aplicarse el precepto en el caso concreto, se vulnerarían sus garantías constitucionales de igualdad ante la ley y debido proceso.
El requirente alega que de aplicarse el precepto en el caso concreto se transgrede su derecho a un debido proceso.
El Pleno emitirá pronunciamiento sobre la constitucionalidad de las normas del proyecto que regulen una materia propia de ley orgánica constitucional.
El requirente alega que la aplicación de los preceptos en el caso concreto infringe sus garantías a la igualdad ante la ley, debido proceso y de propiedad.
El requirente alega que la aplicación de los preceptos en el caso concreto, vulnera normas y garantías constitucionales.
